Cuando un país tiembla, las fronteras deberían convertirse en puentes, no en filtros.

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el 10 de agosto dejó una emergencia que exigía rapidez, coordinación y, sobre todo, capacidad de respuesta. En medio de la tragedia, varios países ofrecieron enviar ayuda.

México fue uno de ellos.

La respuesta mexicana incluyó ayuda humanitaria y puso a disposición una brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, el Gobierno colombiano no autorizó su ingreso y solicitó una certificación adicional. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 13 de agosto que los rescatistas mexicanos permanecían listos para desplegarse. (El País)

Y aquí comienza la controversia.

¿Es realmente un asunto técnico?

El Gobierno de Colombia sostiene que sí.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres explicó que busca recibir equipos que puedan acreditar estándares internacionales de búsqueda y rescate, particularmente los relacionados con INSARAG, el mecanismo de Naciones Unidas especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano. (El Financiero)

Desde esa perspectiva, el argumento parece razonable: cuando llegan equipos extranjeros a una zona de desastre no basta con tener buenas intenciones. Deben existir protocolos, coordinación, seguridad operacional y reconocimiento de capacidades.

Pero hay una pregunta que resulta inevitable:

¿Por qué algunos equipos sí fueron aceptados y otros enfrentaron obstáculos?

Diversos reportes señalan que Colombia autorizó o gestionó equipos provenientes de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras que propuestas de países como México, Brasil y otros encontraron mayores dificultades. (Folha de S.Paulo)

Y aquí es donde la discusión deja de ser únicamente técnica.

La coincidencia que alimenta las sospechas

El actual Gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella pertenece a una corriente política de derecha.

Los países cuyos equipos fueron priorizados mantienen, en términos generales, relaciones políticas más cercanas con su administración que gobiernos como los de México o Brasil.

Esa coincidencia ha provocado acusaciones de que podría existir un componente ideológico en la selección de la ayuda internacional.

Pero hay que ser precisos:

Que exista una coincidencia política no demuestra por sí misma que la decisión haya sido política.

El Gobierno colombiano ha negado que exista un filtro ideológico y sostiene que los criterios utilizados son técnicos.

Por eso, la pregunta correcta no es:

“¿Colombia rechazó a México porque México es de izquierda?”

La pregunta correcta es mucho más seria:

“¿Se aplicaron exactamente los mismos criterios técnicos a todos los países que ofrecieron ayuda?”

Si la respuesta es sí, el Gobierno colombiano debería poder explicar públicamente cuáles fueron esos criterios, qué certificaciones se exigieron y por qué determinados equipos las cumplieron mientras otros no.

En rescate, el reloj no se detiene

Para quienes trabajan en emergencias, existe una realidad que resulta difícil ignorar.

El desastre no espera a que termine la burocracia.

Cada hora puede representar una diferencia entre encontrar a una persona con vida o encontrar solamente sus pertenencias.

Y esto es particularmente sensible en operaciones USAR —búsqueda y rescate urbano—, donde la coordinación internacional debe estar diseñada para incorporar capacidades adicionales rápidamente cuando la magnitud del desastre supera las capacidades disponibles.

México, por ejemplo, ha enviado equipos de rescate a numerosos países y su experiencia internacional forma parte del argumento utilizado por el Gobierno mexicano para defender la capacidad de su brigada. (N+)

Por eso la discusión no debería convertirse en una pelea entre mexicanos y colombianos, ni entre izquierda y derecha.

Debería convertirse en una discusión sobre protocolos.

¿Entonces sí es una decisión política?

A día de hoy, no puede afirmarse como un hecho probado que la exclusión de los rescatistas mexicanos haya sido una decisión política.

Lo que sí existe es un escenario que genera legítimas dudas:

• Colombia estableció requisitos de certificación.
• México afirma que su brigada ya contaba con certificaciones y experiencia.
• Colombia solicitó una certificación adicional.
• Otros países sí lograron avanzar con sus equipos.
• Algunos de esos países tienen gobiernos políticamente cercanos al actual Gobierno colombiano.
• Las autoridades colombianas niegan que exista discriminación política. (El País)

Eso no constituye una prueba de motivación política.

Pero sí justifica pedir transparencia.

Y quizá esa sea la parte más importante de toda esta historia.

Porque la ayuda no debería tener ideología

Un bombero no pregunta quién gobierna una ciudad cuando escucha que hay una persona atrapada.

Un rescatista no revisa la bandera antes de entrar a una estructura colapsada.

Un perro de búsqueda no distingue entre izquierda y derecha.

Una persona atrapada bajo los escombros tampoco.

Por eso, cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, la cooperación internacional debería partir de una regla sencilla:

Primero la vida. Después la política.

Los gobiernos tienen derecho a establecer protocolos, proteger la seguridad de sus ciudadanos y controlar qué equipos ingresan a su territorio.

Pero también tienen la responsabilidad de demostrar que esos protocolos se aplican de manera objetiva, transparente y uniforme.

Porque si algún día se demuestra que una brigada perfectamente capacitada fue excluida por razones políticas mientras una persona seguía esperando ser encontrada bajo los escombros, entonces ya no estaríamos hablando solamente de diplomacia.

Estaríamos hablando de una decisión que pudo haber tenido un costo humano.

Y esa es una frontera que ningún gobierno debería cruzar.

En una emergencia, la bandera del rescatista debería ser la humanidad.